Durante la tarde de este jueves, detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un allanamiento en dependencias de la Municipalidad de Los Muermos, Región de Los Lagos. La diligencia fue ordenada por el Juzgado de Letras, Garantía y Familia de la comuna, en el marco de una investigación por el presunto delito de falsificación y/o uso malicioso de instrumento público.
La acción fue dirigida por la Fiscalía Local de Maullín y Los Muermos, tras una denuncia vinculada a un permiso de comercio ambulante presuntamente adulterado. Según los antecedentes preliminares, el documento habría sido emitido por un funcionario municipal, lo que motivó la intervención de la PDI para recolectar evidencia clave para el caso.
En el operativo, se incautaron equipos computacionales y dispositivos electrónicos que serán periciados por personal especializado de la policía civil, en un procedimiento que se mantiene en curso.
“El día de hoy, en horas de la tarde, se dio cumplimiento a una orden judicial de entrada, registro e incautación emanada del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Los Muermos a las dependencias de la Ilustre Municipalidad de la mencionada comuna, donde se incautaron equipos computacionales y dispositivos electrónicos en el marco de una investigación por el delito de falsificación o uso malicioso de documento público”, detalló el subprefecto Fredy Biere Díaz, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Puerto Montt.
El origen de la investigación se remonta a una fiscalización realizada en la comuna, dirigida a comerciantes ambulantes, donde se detectó la existencia de un permiso de funcionamiento cuya autenticidad fue cuestionada. Las sospechas apuntan a que dicho documento fue falsificado, y su emisión estaría vinculada a un funcionario público en ejercicio.
El subprefecto Vire explicó que las diligencias realizadas corresponden a la primera fase investigativa, y que la incautación de evidencia permitirá analizar si existieron otros documentos adulterados, así como eventuales responsabilidades administrativas o penales.
La información disponible hasta ahora indica que la investigación continúa en desarrollo, y que no se descarta la eventual formalización del o los responsables, una vez que se analice la evidencia recopilada.
Este caso ha generado atención en la comunidad local, ya que involucra directamente a un municipio de la provincia y a uno de sus funcionarios. Hasta el momento, no se han entregado mayores antecedentes sobre identidades ni sobre la eventual suspensión de funciones.
El resultado de estas diligencias será clave para determinar el alcance de la irregularidad y si existen otros documentos o actos administrativos bajo sospecha.
🔹 De acuerdo a la legislación vigente, toda persona se presume inocente hasta que una sentencia judicial firme determine lo contrario.
