Chile Bajo la Mira por Contradicciones en Política Oceánica
En la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), realizada entre el 9 y el 13 de junio de 2025 en Niza, Francia, el Estado de Chile presentó una imagen de vanguardia en materia de política oceánica, destacando su compromiso de proteger más del 50% de sus océanos —superando la meta global del 30×30—, su aspiración a ser sede de la Secretaría del Tratado de Alta Mar y su intención de co-presidir la próxima conferencia (UNOC4).
Sin embargo, desde la misma plataforma internacional, un conjunto de liderazgos territoriales alzó la voz para denunciar una profunda contradicción: mientras Chile busca figurar como líder en conservación marina ante la comunidad global, internamente desmantela y silencia herramientas reconocidas internacionalmente por su enfoque inclusivo y ancestral, como es el caso de la Ley 20.249.
Esta ley, que establece los Espacios Costero-Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), permite que comunidades indígenas administren zonas marinas tradicionalmente utilizadas, promoviendo la conservación, la justicia territorial y la co-gobernanza. Sin embargo, hoy enfrenta ataques por parte de intereses industriales y políticos que buscan debilitarla.
La crítica fue liderada por la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, compuesta por representantes de los pueblos Diaguita, Chango, Mapuche, Kawésqar y Yagán, junto con la Identidad Territorial Lafkenche y liderazgos del sur de Chile, entre ellos de la Región de Los Lagos, en un gesto valiente y articulado desde los territorios.
Pamela Mayorga Caro, coordinadora de la Red, sostuvo en Niza que esta normativa es «una herramienta de co-administración que visibiliza y da la oportunidad para que las comunidades tengan una voz democratizada sobre el futuro de sus territorios».
Las voceras denunciaron que, pese a su reconocimiento internacional, la ley no figura en la agenda oficial chilena en materia oceánica. “Es una ley inclusiva… pero a raíz del desconocimiento, está siendo atacada muy duramente por las industrias extractivas y por cierto movimiento político de Chile”, expresó Ingrid Echeverría Huequelef, también coordinadora de la Red.
En representación de la Región de Los Lagos, Yohana Coñuecar Llancapani, integrante de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, denunció campañas de odio y racismo contra defensoras del territorio, enfatizando que son invisibilizadas por el propio Estado.
Durante la conferencia, también se hicieron eco las palabras de Astrid Puentes Riaño, Relatora Especial de la ONU, quien recordó que más de 500 millones de personas dependen de la pesca a pequeña escala, muchas de ellas pertenecientes a pueblos indígenas. Subrayó que “el reconocimiento de derechos a las comunidades costeras es esencial… y aún así, son raramente incluidas en los procesos de toma de decisiones”.
El enfoque propuesto por las mujeres originarias contrasta con la llamada “Economía Azul”, que ve el mar como un recurso a explotar. Ellas, en cambio, defienden una relación de reciprocidad: el mar como memoria, espiritualidad, cultura y sustento. Como resumió una de las voceras: “no permitiremos el retroceso de los derechos que con mucho esfuerzo hemos logrado para nosotras y para la gente que trabaja y vive en la marea”.
El mensaje desde Niza se proyectará también hacia la COP30 en Belém (Brasil) en noviembre, donde la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar buscará interpelar nuevamente a gobiernos, organismos multilaterales, industrias y organizaciones ambientales. Su “Llamado a la Acción” plantea demandas concretas:
- Poner fin a la mercantilización del océano bajo el concepto de crecimiento azul.
- Garantizar participación activa e intercultural de los pueblos originarios en la gobernanza marina.
- Asegurar la no regresión de derechos alcanzados.
- Proteger a defensores del mar de la criminalización y la violencia.
- Exigir coherencia entre el discurso internacional del Gobierno de Chile y su política interna.
“Chile habla muy bonito afuera, pero en la casa arregle su cuenta”, sentenció con firmeza Pérsida Cheuquenao Aillpán, presidenta de Identidad Territorial Lafkenche.
En un contexto donde el Estado chileno aspira al liderazgo global en conservación oceánica, voces desde sus propias costas —incluyendo la Patagonia y la Provincia de Palena— recuerdan que ningún reconocimiento internacional será legítimo si no hay coherencia, justicia y respeto por los pueblos que viven y protegen el mar.
Fuente: Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar
Créditos registro: Movilizatorio
[FECHA: 13 de junio de 2025]
Cierre:
Esta denuncia revela una contradicción estructural entre el discurso internacional de Chile y su práctica interna. Las comunidades costeras, especialmente mujeres originarias, seguirán alzando la voz desde los territorios, incluyendo la Provincia de Palena, para exigir coherencia, derechos y justicia oceánica real.